El senador demócrata Jack Reed, representante del estado de Rhode Island, expresó públicamente su rechazo a la reciente operación militar anunciada por el presidente Donald Trump, en la que fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas del Caribe. Reed cuestionó la legalidad del operativo y advirtió que este tipo de acciones unilaterales podrían conducir a un conflicto armado con Venezuela.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el senador afirmó que «la facultad de declarar la guerra pertenece al Congreso, no al Presidente», en referencia directa a la intervención militar que, según Trump, resultó en la muerte de tres personas a bordo de una lancha rápida. “Estos asesinatos son ilegales y ponen en riesgo a Estados Unidos de entrar en guerra con Venezuela”, añadió.

La declaración de Reed se produjo el lunes 15 de septiembre, horas después de que el Presidente estadounidense informara, mediante un video en la red Truth Social, que la ofensiva fue parte de una estrategia más amplia contra lo que denominó “narcoterroristas”. Trump no ofreció detalles verificables sobre el lugar exacto del ataque ni pruebas independientes de las acusaciones contra los ocupantes de la embarcación.

A esta postura crítica se han sumado otras figuras del Congreso. El senador Tim Kaine, junto a más de veinte legisladores demócratas, dirigió una carta oficial al presidente Trump exigiendo explicaciones sobre la legalidad del ataque y reclamando transparencia respecto a la información de inteligencia que sustentó la acción.

En el mismo tono, el senador republicano Rand Paul expresó preocupación por el uso de fuerza letal sin el debido proceso, alertando sobre los riesgos legales y éticos de ejecutar operaciones militares de este tipo sin autorización explícita del Congreso.

Este nuevo incidente ocurre en un contexto de creciente agresividad de Washington contras Caracas. En semanas recientes, el Gobierno de Venezuela ha denunciado repetidas maniobras militares estadounidenses cerca de sus aguas jurisdiccionales, la movilización de buques de guerra y el sobrevuelo de aviones de combate en la región.

Las autoridades venezolanas califican estos movimientos como actos de provocación y amenazas a su soberanía. Asimismo, denuncian que EE.UU. invoca el pretexto de luchar contra el narcotráfico, pero en realidad quiere promover un cambio de Gobierno en Venezuela.

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